Nota Nacional 08/2024
La policía y la justicia han iniciado una cruzada contra los manifestantes que se atreven a protestar contra el aumento de las tarifas del transporte público en São Paulo. El pasado miércoles 10, 25 jóvenes (seis de ellos adolescentes) fueron detenidos en una estación de metro, incluso antes de llegar a la manifestación convocada por el Movimiento Pase Libre. Siete adultos (cinco hombres y dos mujeres) fueron detenidos y acusados de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, asociación para delinquir y corrupción de menores, cargos totalmente desproporcionados contra personas que ni siquiera tenían derecho a manifestarse.
En una vista de prisión preventiva, la justicia concedió a los presos la libertad provisional, pero ordenó a seis de ellos llevar tobilleras electrónicas y la prohibición de participar en manifestaciones. La Fiscalía pidió entonces que los jóvenes permanecieran en prisión preventiva hasta el juicio. Los adolescentes detenidos también se enfrentarán a acusaciones.
Cabe denunciar el abuso de la acusación de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, la misma que se imputó a los golpistas del 8 de enero de 2023 en la Plaza de los Tres Poderes. Como ya sabemos, la acción en Brasilia fue planeada y financiada por sectores reaccionarios e incluso contó con la ayuda de políticos, militares de alto rango, policías, empresarios y miembros de los organismos de inteligencia. La acción golpista de los partidarios de Bolsonaro y sus socios de las clases dominantes no se puede comparar con una protesta popular legítima, organizada desde abajo y que defiende los intereses de las clases oprimidas. Estas detenciones responden a una acción orquestada por Bolsonaro que, incrustado en amplios sectores de la policía (gobernador Tarcísio de Freitas) y del poder judicial, pretende "vengarse" de cualquier lucha popular progresista por las detenciones de los golpistas del 8 de enero.
Desde que se celebró la Copa del Mundo en Brasil, el Estado brasileño ha endurecido las leyes contra las protestas sociales. Esta iniciativa demuestra que, independientemente de los gobiernos en el poder, las clases dominantes pretenden protegerse de cualquier presión en favor de reformas sociales y actúan para criminalizar los movimientos populares. No olvidemos que fue durante el gobierno de Dilma que la Ley Antiterrorista (2016) fue sancionada en el país y ya en ese contexto hubo una gran presión de las clases dominantes para criminalizar la protesta social. No podemos hacernos ilusiones con las instituciones, que siempre utilizarán instrumentos legales para reprimir la organización popular.
El republicanismo progresista y su defensa incondicional de la democracia burguesa muestran sus limitaciones. No es posible utilizar las herramientas de las clases dominantes sin que se vuelvan contra los movimientos populares y las organizaciones políticas de izquierda que quieren transformar profundamente la sociedad. Además, el intento de encuadrar a los movimientos populares combativos de la misma forma que a la extrema derecha facilita la acción de Bolsonaro, que, apoyado por los sectores más reaccionarios de las clases dominantes, impone por la fuerza los límites del orden capitalista y burgués.
Han sido varios los medios utilizados por los gobiernos y los tribunales en los últimos años para sofocar la revuelta popular contra el aumento de las tarifas. El episodio de la semana pasada es la prueba de que el Estado hará cualquier cosa para proteger los beneficios de los empresarios del transporte, mientras que el servicio prestado es cada vez peor.
¡Desde OSL nos solidarizamos con los detenidos, denunciamos la criminalización de la protesta social y seguimos luchando contra el aumento y por Tarifa Cero!
OSL, 15 de enero de 2024